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julio 31 2026, 7:45 pm Fotografía de archivo del 16 de julio de 2013 que muestra a integrantes del Ejército de Liberación Nacional en Cali (Colombia). EFE/ Christian Escobar Mora/ ARCHIVO
La ONG SOS Orinoco presentó recientemente un informe en el que documentó la presencia de al menos 26 Grupos Armados Organizados (GAO) en el sur de Venezuela y advirtió sobre la consolidación de una “gobernanza criminal híbrida” en amplias zonas mineras de los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y en el Esequibo.
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El estudio, titulado “Grupos Armados Organizados (GAO) en la actividad minera al sur del río Orinoco, Venezuela: situación al 2026”, sostiene que estas organizaciones no solo mantienen el control de la economía del oro y otros minerales, sino que también ejercen influencia sobre la vida cotidiana en las comunidades donde operan, asumiendo funciones que corresponden al Estado.
Según los datos recopilados por la ONG, la presencia de los grupos fue reportada en 20 de los 21 municipios de la cuenca sur del Orinoco, equivalente al 95 % del territorio analizado. El informe señala que los estados Amazonas y Delta Amacuro registran actividad de GAO en la totalidad de sus municipios, mientras que en Bolívar la presencia se documentó en nueve de sus diez municipios.
La investigación identifica al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), incluyendo sus distintas facciones y disidencias, como las organizaciones con mayor alcance territorial. De acuerdo con el documento, ambos grupos tienen presencia en 16 de los 21 municipios evaluados, lo que representa el 76,1 % del total.
El informe también registró la operación de otras estructuras criminales como la Organización 3R, el Sindicato de Juancho y Humbertico, el Tren de Guayana, garimpeiros brasileños, piratas de río, comités indígenas, sindicatos mineros y bandas locales, entre otros actores que, según SOS Orinoco, conforman un ecosistema criminal dedicado al control de la minería y de otras actividades ilícitas.
La ONG señaló que estos grupos financian sus operaciones mediante el cobro de extorsiones, conocidas como “vacunas”, el control de la extracción y comercialización de minerales, así como la imposición de normas de convivencia dentro de las zonas mineras. Además, afirmó que en algunas comunidades administran mecanismos de “justicia”, regulan actividades económicas e incluso participan en la distribución de alimentos y medicinas o en el pago de salarios de maestros y personal sanitario.
El documento indicó que esta situación ha derivado en una pérdida estructural de la soberanía sobre extensas áreas del sur del país, con consecuencias sobre el control del territorio, la explotación de recursos naturales como el oro, el diamante y el coltán, así como sobre la gestión ambiental y los derechos de las comunidades indígenas.
SOS Orinoco explicó que el estudio busca actualizar el diagnóstico sobre la presencia de grupos armados en el sur de Venezuela, analizar sus vínculos con redes de corrupción y documentar presuntas violaciones de derechos humanos y territoriales. Asimismo, plantea recomendaciones orientadas al desmantelamiento de estas estructuras en un eventual proceso de transición democrática y justicia transicional.
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