Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Foto: ONU
Más de 10.000 colombianoshan sido reclutados en el extranjero, en situaciones de conflicto armado. Esta fue la conclusión de un Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de combatientes en el extranjero.
“Debido a la falta de datos precisos, a menudo resulta difícil determinar quiénes de entre estas personas son reclutas voluntarios, contratistas o mercenarios. Lo que está claro es que este fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de empresas militares y de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades colombianas”, dice el informe.
Grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios Foto: Archivo
Sin embargo, con base en ese patrón de enlistarse en ejércitos o grupos armados en países en conflicto, la ONU documentó presencia de colombianos en el Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen.
También han recibido entrenamiento para prestar servicios de seguridad privada en Oriente Medio, particularmente en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
“A esto se suma su vinculación en operaciones de crimen organizado en América Latina y el Caribe, con una presencia significativa en México y Brasil, además de servicios de seguridad en países como Ecuador, Perú y Haití”, agrega el Grupo de Trabajo.
Las alertas sobre el fenómeno del mercenarismo colombiano y la exportación de hombres con entrenamiento militar para combatir a sueldo se encendieron tras la detención de un grupo de connacionales por el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, en 2021.
Según la ONU, este hecho aceleró la aprobación de la Ley 2569, conocida como la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y el entrenamiento de mercenarios, sancionada esta semana por el Presidente.
Esta norma, aterriza en un contexto en el que, de acuerdo a las observaciones del Grupo de Trabajo, han aumentado las solicitudes de repatriación de cuerpos de colombianos desde países en situación de conflicto, que sacan a flote este fenómeno y expuesto los retos de los servicios consulares.
“Ante la falta de respuestas, algunas familias se han organizado y han creado movimientos para exigir apoyo del Estado y de las autoridades en el exterior”, agrega el documento.
La caracterización que hace Naciones Unidas de los combatientes colombianos repartidos por el mundo se asemeja con la que tienen los organismos estatales. La gran mayoría son exmilitares, expolicías o veteranos, así como excombatientes de grupos armados y paramilitares. En su mayoría son hombres, de distintas edades y regiones del país, incluidos integrantes de comunidades indígenas.
“Un rasgo común es su origen en contextos económicos vulnerables. En varios casos, además, se identifican condiciones como afectaciones en salud mental o discapacidades”, detallan.
A esto se suma un factor estructural: el modelo de carrera militar. Muchos colombianos se retiran relativamente jóvenes —entre los 30 y 40 años—, tras años de servicio, lo que los convierte en una “mina de oro” para ejércitos y empresas de seguridad extranjeras.
Con pensiones bajas, formación en distintas disciplinas castrenses y sin suficientes oportunidades laborales en el país, ir a combatir o prestar servicios en el exterior termina convirtiéndose en una opción viable para mejorar su sustento.
“Tras los procesos de desmovilización de las Farc y los paramilitares, Colombia se encontró con un alto número de personas entrenadas para el combate que pasaron a la vida civil. Hoy, con ingresos que en muchos casos rondan el salario mínimo —cerca de 2 millones de pesos mensuales—, pensiones bajas y la pérdida de varios beneficios, una parte de esta población ha optado por buscar trabajo en el exterior, tanto en actividades legales como en otras ligadas al mercenarismo”, es una de las conclusiones de Naciones Unidas.
Grupo de colombianos sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano Foto: EFE
Determinar en qué lado cae cada caso no es sencillo: faltan datos precisos que permitan establecer con claridad esa línea.
Lo que alimenta el fenómeno es el dinero. Las operaciones de seguridad privada —incluidas aquellas que rozan o entran en dinámicas de mercenarismo— mueven cifras altas. Muchos colombianos son reclutados con promesas de salarios que van entre los 2.000 y 6.000 dólares mensuales, muy por encima de lo que podrían ganar en el país.
Los canales de reclutamiento
Como ocurre con el fenómeno criminal del reclutamiento forzado de niños y niñas a las filas de los grupos armados ilegales, las plataformas digitales se han convertido en uno de los principales canales para atraer a combatientes colombianos a ejércitos extranjeros.
Muchas de las ‘convocatorias’ se han movido por Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y WhatsApp. También operan por redes más tradicionales: el voz a voz, entre amigos o antiguos compañeros militares, dentro y fuera del país.
“En esa cadena aparecen distintos intermediarios: empresas de seguridad privada, agencias de viajes, firmas de contratación e incluso particulares. A esto se suman vacíos legales, las dificultades para controlar la libre circulación y la falta de herramientas para exigir responsabilidades a reclutadores y empresas”, explica la ONU. Por esta razón, estos anzuelos, que rayan en la ilegalidad, pasan desapercibidos y libres de sanciones.
El Grupo de Trabajo condenó el reclutamiento, la financiación, el entrenamiento y el uso de mercenarios, “especialmente cuando afectan derechos humanos o el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Pero también advierte que no todos los casos son iguales”.
De hecho, están aumentando los casos de reclutamiento predatorio, una ramificación del tráfico ilegal de personas. Bajo promesas de altos salarios y empleos atractivos, muchas personas terminan en escenarios muy distintos: funciones de combate de alto riesgo, restricciones de movilidad y comunicación, retención de documentos y condiciones inhumanas.
Los escenarios de riesgo
Naciones Unidas analizó el trabajo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que es el principal ente encargado de supervisar a las empresas del sector en Colombia. Hoy hay cerca de 1.351 empresas registradas y más de 400.000 empleados, una cifra que no incluye a las que operan por fuera de la regulación.
Pero la capacidad de control es limitada. La falta de recursos, una supervisión débil y la poca presencia en zonas rurales o apartadas siguen siendo las principales falenas. A eso se suma la necesidad de fortalecer la formación, especialmente en estándares de derechos humanos.
El presidente haitiano, Jovenel Moise, asesinado por presuntos mercenarios colombianos, en 2021. Foto: Valerie Baeriswyl / AFP
Colombia enfrenta desafíos de seguridad que el Estado no logra cubrir del todo, lo que ha impulsado la expansión del sector privado. Prácticamente todos los sectores recurren a estos servicios, incluido el propio Estado, que es el mayor contratante. De ahí la urgencia de una regulación más efectiva.
En paralelo, Naciones Unidas alertó sobre que más de 60.000 armas sin licencia están en circulación, al alcance de empresas de seguridad y actores armados, lo que eleva los riesgos en materia de derechos humanos.
El panorama se complejiza con el uso creciente de tecnologías y armamento avanzado —como herramientas de vigilancia y drones— por parte de actores privados y redes vinculadas al mercenarismo.
Además, algunas de estas empresas y redes han sido vinculadas con el crimen organizado. Los mismos canales de reclutamiento, financiación y logística que se usan para enviar personal a conflictos en el exterior pueden cruzarse con economías ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y el tráfico de armas.
En ese mapa, los países vecinos aparecen con frecuencia como puntos clave de operación. Y hay una preocupación adicional: qué pasa con quienes regresan al país, especialmente aquellos que fueron víctimas de reclutamiento predatorio o que participaron en conflictos armados en el extranjero, la mayoría con secuelas psicológicas.
“El Grupo de Trabajo recibió información indicando que ciudadanos colombianos participaron deliberadamente en conflictos armados que dieron lugar a violaciones de los derechos humanos, incluyendo el reclutamiento y el entrenamiento de niños soldados en países como Sudán. En operaciones de combate, también han sido responsables de instigar actos de violencia y asesinatos, lo que a menudo ha perjudicado a las poblaciones locales y ha afectado negativamente al derecho a la autodeterminación”, agregaron.
