La legisladora republicana María Elvira Salazar anunció este miércoles que firmó una petición para forzar la discusión en el Congreso de una ley que busca restablecer y extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos.
A través de un mensaje en X, Salazar subrayó que pese a algunos avances recientes en Venezuela, las condiciones en el país aún no garantizan seguridad para el retorno de ciudadanos.
“Aunque vemos señales de progreso en Venezuela, la realidad es que aún queda mucho por hacer y el país aún no es seguro para muchos”, afirmó.
Indicó que respalda una iniciativa que permitiría ampliar el beneficio migratorio por un período adicional de 18 meses, con el objetivo de brindar estabilidad a la comunidad venezolana en territorio estadounidense.
“Por eso firmé una petición para llevar al pleno la Ley de TPS para Venezuela y obligar al Congreso a votar, extendiendo estas protección por 18 meses y dando a los venezolanos en EE UU la estabilidad que necesitan para trabajar legalmente”, indicó.
Aunque vemos señales de progreso en Venezuela, la realidad es que aún queda mucho por hacer y el país aún no es seguro para muchos.
Por eso firmé una petición para llevar al pleno la Ley de TPS para Venezuela y obligar al Congreso a votar, extendiendo estas protección por 18…
— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) March 25, 2026
La parlamentaria enmarcó su posición en un argumento humanitario al señalar que la medida busca proteger a quienes han salido de Venezuela en medio de la crisis política y económica. “Se trata de hacer lo correcto, de estar del lado de quienes huyeron de la represión y de asegurar que el Congreso actúe”.
Incertidumbre del TPS
La declaración de Salazar ocurre en medio de un renovado debate en Washington sobre el futuro del TPS para los venezolanos, tras su cancelación en 2025, lo que dejó a cientos de miles de migrantes en situación de incertidumbre legal.
El TPS es un programa migratorio que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos o crisis humanitarias residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. En el caso de Venezuela, este estatus fue otorgado por primera vez en 2021 durante el mandato de Joe Biden, y ampliado posteriormente, aunque su continuidad ha sido objeto de debate político en los últimos años.
Legisladores demócratas y republicanos han coincidido en la necesidad de revisar esta política ante la persistencia de condiciones inestables en Venezuela, incluidas denuncias de violaciones de derechos humanos y la falta de garantías institucionales para el retorno seguro de migrantes.
