Lapatilla
agosto 20 2026, 1:22 pm
Para las familias de los prisioneros políticos en Venezuela, el momento en que se abren los portones de un centro de reclusión tras años de encierro no representa el punto final del calvario. La obtención de medidas cautelares bajo régimen de presentación periódica ante los tribunales ha devuelto a decenas de ciudadanos al seno de sus hogares, pero dista de ser un acto de justicia.
Por lapatilla.com
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El impacto devastador de la privación de la libertad, marcado por proyectos de vida truncados, el quiebre económico y emocional de las familias y el miedo por que lo vuelvan a meter presos, mantiene a los excarcelados y a sus seres queridos en una condición de vulnerabilidad.
Las vivencias del comisario José Gregorio Trejo y del oficial jefe Juan Carlos Macualo Orozco, ambos oriundos del estado Apure, ilustran un patrón de detenciones basado en delitos inventados por funcionarios de cuerpos represivos. Las personas son sometidas a largos periodos de incomunicación, torturas físicas y psicológicas e irregularidades judiciales.
La detención del comisario Trejo se ejecutó a través de un engaño. Fue convocado a una supuesta reunión con directivos de la policía regional para abordar la aplicación de un amparo constitucional dictado a su favor por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, el cual ordenaba el respeto a sus derechos laborales tras abusos en su proceso de jubilación. Mientras se desplazaba en motocicleta junto a su hijo, fue interceptado violentamente por personas no identificadas en un vehículo sin rotulación. Lo bajaron de la moto, lo encapucharon, lo esposaron y lo trasladaron a Caracas, manteniéndolo incomunicado de sus familiares.
Lo desaparecieron por varios días, lo que obligó a sus hijos y abogados a tratar de ubicarlo en Caracas. En la capital, el comisario fue trasladado a La Carlota, donde pretendieron obligarlo a grabar una confesión en video siguiendo un libreto. Ante su negativa, fue remitido al Sebin en Boleíta. Allí, Trejo permaneció aislado, incomunicado y sometido a torturas: en la celda estuvo bajo una iluminación incandescente continua, música a alto volumen y temperaturas extremadamente bajas.
A pesar de que en el expediente no se presentó ninguna prueba, se le imputaron los delitos de traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir.
Por un chat de WhatsApp
La historia de Juan Carlos Macualo Orozco, oficial jefe de la Policía Municipal de Guasdualito con 17 años de servicio (2002-2019), saca a la luz el uso de acusaciones fundamentadas en meras presunciones. Privado de libertad desde el 16 de diciembre de 2019, Macualo permaneció encarcelado casi cinco años tras ser vinculado arbitrariamente al caso “Honor y Gloria”, expediente en el que se acusó a un grupo de personas de tramar presuntos ataques contra sedes policiales en Cumaná y atentados contra el presidente de la República.
La aprehensión de Macualo también se ejecutó bajo engaño. Fue citado a la sede policial con el pretexto de una reunión para atender un requerimiento del exalcalde del municipio José Antonio Páez, José María Romero. Al acudir, dos funcionarios le notificaron que debía rendir declaración en Caracas por estar supuestamente solicitado. Según las autoridades, la participación de Macualo en un grupo de WhatsApp fue el motivo de su detención. Este grupo era empleado por los efectivos policiales para compartir inquietudes laborales y la situación del país.
Allegados señalaron que la detención fue por comentarios filtrados al mandatario municipal, remitidos luego a Caracas sin sustento real.
A partir de ese instante se desencadenó una cadena de atropellos. Tras ser trasladado al comando de la Dgcim en Guasdualito y posteriormente a los sótanos de la Dgcim en Boleíta, Caracas, Macualo permaneció en incomunicado durante semanas. En estos calabozos capitalinos estuvo unos cinco meses, periodo durante el cual fue esposado a otra persona por varias semanas y sometido a “tortura blanca”, caracterizada por el encierro en celdas reducidas con exposición permanente a luces incandescentes y temperaturas extremas.
Durante el juicio, la defensa presentó material probatorio que fue ignorado. Se consignaron registros asistenciales, informes médicos y libros de novedades que acreditaban que el funcionario jamás viajó a Cumaná ni sostuvo las reuniones atribuidas. Por el contrario, durante los años 2017, 2018 y parte de 2019, permaneció en reposo médico e inmóvil en cama tras someterse a una intervención quirúrgica por la fractura de una pierna.
Para la fecha de su detención, apenas sumaba cuatro meses de reincorporación a sus labores en el cuerpo policial del cual es miembro fundador. Sin embargo, la jueza Hennit Carolina Mesa López le dictó una condena de 30 años de prisión por terrorismo, conspiración y asociación para delinquir, decisión ratificada tras desestimarse la apelación.
Prolongado peregrinaje
El cautiverio de Macualo estuvo marcado por su deterioro físico y la opacidad. Tras su paso por la Dgcim, fue trasladado al centro penitenciario El Rodeo, donde la mala alimentación le ocasionó una severa pérdida de peso corporal, pasando de 80 a 68 kilogramos. Posteriormente fue incluido en un traslado masivo de 120 presos hacia el penal Yare III.
Durante el traslado a Yare III, las autoridades no brindaron información oficial a sus familiares, quienes confirmaron su ubicación mediante listas informales en El Rodeo. En Yare III también estuvo incomunicado hasta el mes de enero, cuando se le autorizó una breve llamada telefónica. Posteriormente fue remitido al penal Yare II como una forma de castigo hasta que se concretó su excarcelación.
Exigencia de restitución de derechos
A pesar de las severas secuelas, los afectados coinciden en que su postura está guiada por la búsqueda de justicia y la defensa de los principios constitucionales. El comisario Trejo enfatizó que el apoyo de su familia y su templanza le permitieron sobrellevar el aislamiento y el desgaste causado por la prisión.
Al recuperar su libertad condicional, el exfuncionario reafirmó su compromiso con la libertad de los venezolanos y con la democracia.
Las familias denunciaron que una medida condicional de presentación no limpia el buen nombre de las víctimas ni devuelve el tiempo arrebatado. Por ello, exigen a la administración de Delcy Rodríguez el resarcimiento por los daños sufridos, la anulación definitiva de las causas penales infundadas y la reincorporación formal a sus puestos de trabajo.
Ambos expresos políticos extendieron un mensaje de solidaridad a los hogares que aún esperan por la liberación de sus seres queridos, exhortando a la sociedad civil a mantener la fe y a continuar la lucha por la libertad de todos los prisioneros por razones políticas del país.
