El senador y excandidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, criticó de manera severa el conjunto de medidas en materia de seguridad y orden público anunciadas por la administración entrante del mandatario electo, Abelardo de la Espriella.
A través de una declaración pública, el parlamentario del Pacto Histórico advirtió que las propuestas de reforma estructural representan una amenaza directa al Estado de derecho, argumentando que las iniciativas perfilan una peligrosa configuración institucional en el manejo de la fuerza pública.
Los cuestionamientos de la oposición legislativa se producen en un escenario de marcada polarización política, coincidiendo con la reciente decisión bilateral de suspender de forma indefinida las mesas técnicas de empalme y transición gubernamental entre el gabinete saliente de Gustavo Petro y los delegados de De la Espriella, quien tiene previsto asumir la jefatura del Estado el próximo 7 de agosto de 2026.
Objeciones a la estrategia de seguridad ciudadana
El análisis crítico expuesto por Cepeda se fundamenta en tres ejes programáticos de la propuesta del presidente electo, orientados a reestructurar el combate a la delincuencia organizada y el control de los entornos urbanos:
Bloques de búsqueda urbanos: El plan contempla la activación de escuadrones especiales y de las denominadas “primeras líneas de seguridad”, las cuales estarían integradas por personal en retiro, veteranos y reservistas de las Fuerzas Militares. Según Cepeda, la inclusión de este personal en tareas de control civil delega funciones constitucionales exclusivas de la policía en particulares, emulando dinámicas de organización ilegal del pasado.
Restablecimiento del Esmad: La futura administración contempla la restitución formal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuerpo policial que fue transformado y renombrado como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo) durante el gobierno de Petro. El senador de izquierda señaló que el retorno de esta fuerza especializada y las directrices de “cero tolerancia” a las obstrucciones viales significan una criminalización sistemática del derecho a la protesta social.
Reforma al sistema penitenciario y acciones judiciales
De acuerdo con EFE, el modelo carcelario promovido por De la Espriella también centró los debates de la jornada, al contemplar la edificación de diez megacárceles financiadas con capital privado.
El proyecto gubernamental estipula la sustitución progresiva del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por una nueva corporación de vigilancia civil conformada, igualmente, por reservistas del Ejército.
Para Cepeda, esta política constituye una privatización del sistema penitenciario que vulnera las garantías constitucionales.
«El resultado de la historia del paramilitarismo en Colombia no ha sido nunca tener más seguridad, sino más violencia, más arbitrariedad y más impunidad», manifestó el parlamentario a través de sus canales digitales, ratificando además la vigencia de una denuncia penal radicada previamente contra el presidente electo por presuntos nexos con estructuras armadas.
Al cierre de su pronunciamiento, el vocero de la bancada del Pacto Histórico instó a las organizaciones sociales y sectores políticos afines a articular mecanismos de desobediencia civil de carácter estrictamente pacífico para oponerse al marco normativo penal que el nuevo oficialismo buscará tramitar en el Congreso de la República a partir del próximo mes de agosto.
