Las audiencias preliminares contra Jalid Sheij Mohamed y otros tres acusados por los atentados del 11 de Septiembre se retomaron el lunes en la base naval de Guantánamo.
El punto central de la jornada fue el testimonio de Stephen Gaudin, exagente especializado en antiterrorismo, cuya declaración buscó validar la legalidad de los interrogatorios efectuados hace casi dos décadas.
El juez negó la petición de la defensa de aplazar la sesión, pese a la ausencia de un abogado experto en pena capital por enfermedad.
Gaudin detalló ante el tribunal la naturaleza de las 50 horas de conversaciones que mantuvo con el acusado Walid bin Attash en 2007.
El exagente calificó los encuentros de “cordiales” y afirmó que su objetivo consistió en diferenciar su labor de los métodos utilizados por interrogadores previos.
Esta distinción resultó vital para la fiscalía, que intentó demostrar que el “clean team” (equipo limpio) del FBI obtuvo información voluntaria no contaminada por las técnicas de tortura aplicadas anteriormente por la CIA en prisiones secretas.
La base de Guantánamo donde estuvieron los acusados de los ataques del 11 de septiembre de 2001 | Foto EFE
Tensión en Guantánamo y presencia de víctimas
Desde la galería de la sala, familiares de las víctimas del 11-S siguieron el relato de Gaudin, quien compareció con traje oscuro y corbata burdeos.
El testigo recordó, en tono profesional, la sorpresa de los detenidos ante la precisión de la inteligencia estadounidense sobre las actividades de Al-Qaeda.
Mientras tanto, el equipo legal de Mustafa al Hawsawi abandonó la sesión como protesta por la negativa del juez a postergar el proceso, evidenciando las fracturas en el complejo andamiaje legal de las comisiones militares.
Gaudin se posicionó como uno de los testigos de mayor peso ofrecidos por el gobierno en un caso que involucró a los últimos 15 prisioneros de alto riesgo que permanecieron en la base.
Su participación se prolongó durante el resto de la semana, en un esfuerzo por esclarecer la cadena de custodia de las declaraciones que podrían llevar finalmente a un juicio formal tras 25 años de espera.
La resolución de esta moción decidirá si el sistema judicial militar posee pruebas suficientes para proceder sin violar los derechos procesales de los imputados.
