Frontera de Venezuela y Colombia. Foto: EFE
A principios de mes, en entrevista con el diario EL TIEMPO, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, habló de cómo sería la respuesta de la Fuerza Pública ante un eventual despliegue militar de Estados Unidos o una incursión armada en Venezuela y señaló que “frente a lo que hipotéticamente pueda ocurrir” el actuar de los uniformados se enfoca “en la atención humanitaria de los migrantes y en el ataque frontal a los criminales (GAO) que intenten pasar al lado colombiano”.
EL TIEMPOconoció que, en las últimas semanas, se han llevado a cabo diferentes reuniones entre los altos mandos militares, Ministerios (Defensa y Cancillería) y entidades del Estado en las que se analizan los despliegues operacionales, atención a migrantes y protocolos a activar ante esa eventual incursión militar y sus efectos en territorio colombiano.
En los encuentros, los funcionarios delegados han venido revisando escenarios y en ese ejercicio se ha definido una ruta institucional para responder ante una eventual crisis humanitaria derivada de un escenario de una posible confrontación armada en Venezuela.
Frontera entre Norte de Santander a Ureña. Foto: Andrés Carvajal
En paralelo a ese análisis, las autoridades han evaluado los despliegues operacionales que se activarían a lo largo de toda la línea fronteriza con Venezuela. Las revisiones incluyen capacidades logísticas, control territorial, atención a flujos migratorios y coordinación entre fuerzas, Policía Nacional y entidades civiles encargadas de la respuesta humanitaria.
Dentro de esos escenarios, incluso se ha considerado la eventual llegada a territorio colombiano de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana y los análisis contemplan casos en los que este personal cruce la frontera con solicitudes de asilo o con la decisión de deponer las armas, lo que ha llevado a definir protocolos específicos para su atención y custodia.
Un grupo de soldados que integran una de las Fuerzas de Despliegue Rápido. Foto: Cortesía
Frente a esa posibilidad, las autoridades han diseñado un manual operativo que establece los procedimientos a seguir con los uniformes, el armamento y demás elementos que estos efectivos estarían dispuestos a entregar. Los lineamientos buscan definir el tratamiento institucional del personal que solicite protección en Colombia y las condiciones bajo las cuales podría ser acogido en el país.
Otro de los puntos que ha concentrado la atención de la cúpula militar y del gobierno nacional está relacionado con el momento en que podría producirse una eventual incursión. Las proyecciones internas ubican un posible escenario durante el primer semestre de 2026, un período que coincide con el calendario electoral colombiano y que introduce variables adicionales en la planeación estatal.
También se ha analizado el impacto presupuestal que tendría una crisis humanitaria de gran escala. Recursos administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, destinados a la atención de migrantes mediante alimentación, carpas de campaña, hospitales móviles y otros dispositivos de emergencia, podrían verse condicionados por la salida de recursos ante la vigencia de una ley de garantías.
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