El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó este jueves cargos criminales contra ocho ciudadanos de nacionalidad venezolana, a quienes acusa de integrar la organización delictiva transnacional Tren de Aragua y de participar en homicidios, secuestros y actos violentos en los estados de Texas e Illinois.
Los procesados ingresaron de forma irregular a territorio estadounidense en un período comprendido entre diciembre de 2021 y abril de 2024.
De ser declarados culpables, los implicados se enfrentan a sanciones de cadena perpetua y, en cinco de los casos, a la pena de muerte.
Según EFE, en el Distrito Norte de Texas, cinco de los investigados fueron acusados formalmente de conspiración bajo las leyes de crimen organizado (RICO), secuestro y asesinato.
La acusación formal sostiene que el grupo secuestró a tres personas en agosto de 2024 y señala directamente a Héctor García Zúñiga, Carlos Zambrano Bolívar y Jhonny Martínez Serrano por la ejecución de una de las víctimas, aunque el documento judicial omitió las identidades de los afectados y los elementos de prueba específicos.
En Chicago, los otros tres ciudadanos enfrentan cargos por el secuestro y posterior asesinato con arma de fuego de un hombre en mayo pasado.
Antecedentes judiciales y alegatos de coacción
Uno de los principales señalados en el expediente de Texas, Carlos Zambrano Bolívar, ya había sido sometido en febrero a un juicio estatal por la figura de asesinato capital relacionada con el mismo suceso.
Sin embargo, dicha instancia judicial fue anulada por el magistrado de la causa debido a la falta de unanimidad en el veredicto del jurado.
Al respecto, el abogado defensor del procesado, Sean Daredia, declaró al medio NBC 5 Dallas-Fort Worth que su representado actuó bajo coacción, argumentando que el ciudadano venezolano había sido víctima de trata de personas con fines de explotación sexual por parte de la estructura criminal y que procedió bajo amenazas de muerte en contra de su integridad y la de su núcleo familiar.
Críticas de organismos internacionales a la política migratoria
El procesamiento judicial de supuestos miembros del Tren de Aragua se da en un contexto de endurecimiento de la política migratoria por parte de la Administración del presidente Donald Trump.
Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han cuestionado los métodos de identificación y detención de ciudadanos venezolanos, calificando las acciones como detenciones arbitrarias fundamentadas en la ausencia de antecedentes penales comprobables y el uso de rasgos físicos o tatuajes como criterio de vinculación criminal.
Los informes de derechos humanos detallan que el gobierno federal procedió a comienzos de año con el traslado de cientos de ciudadanos venezolanos hacia complejos penitenciarios de máxima seguridad en El Salvador y a las instalaciones de la base naval de Guantánamo, sin demostrar nexos directos con la banda originada en la prisión de Tocorón.
La Casa Blanca ha calificado la presencia de la organización como parte de una supuesta estrategia de desestabilización coordinada con el gobierno de Venezuela, una postura que contrasta con los análisis técnicos emitidos por las propias agencias de inteligencia de los Estados Unidos.
Desde enero de 2025 hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha formalizado cargos federales contra más de 300 personas bajo la acusación de colaborar o integrar esta red criminal.
