El empresario español Juan Carlos González Pérez enfrentará juicio en una corte federal de Miami a partir del mes de mayo, acusado de participar en un presunto esquema para enviar de manera ilegal componentes de aeronaves a Venezuela, en violación de sanciones impuestas por Estados Unidos.
De acuerdo con documentos judiciales, el caso señala que el acusado habría utilizado intermediarios en Costa Rica y España para ocultar el destino final de las piezas, que presuntamente eran enviadas a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La operación habría buscado evadir las restricciones económicas establecidas por Washington.
Según el expediente, el empresario, de 63 años y propietario de la compañía Aerofalcon SL, fue detenido el pasado 12 de marzo. Posteriormente, está previsto que comparezca el 15 de abril ante una audiencia de formalización de cargos en la corte federal del distrito sur de Florida, en Miami. El juicio con jurado ha sido fijado para el 18 de mayo.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de conspiración para exportar bienes hacia PDVSA sin autorización, además de presentar información falsa en los registros de exportación y participar en el contrabando de mercancías sensibles.
Investigaciones revelan esquema de contrabando que involucra a compañías en Costa Rica
El caso también lo vincula a una presunta violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), normativa bajo la cual Estados Unidos mantiene sanciones activas contra la industria petrolera venezolana.
De acuerdo con la acusación presentada en 2024, González Pérez habría formado parte de una red que operó entre 2019 y 2021, dedicada a la adquisición y envío de piezas aeronáuticas —incluidos motores turbofan de la marca Honeywell— utilizando empresas intermediarias en terceros países para eludir los controles de exportación.
Las investigaciones apuntan a que el esquema involucraba a al menos otras nueve personas, entre ellas Juan David Guerra Viera, identificado como directivo de Aerofalcon, así como actores vinculados a compañías en Costa Rica.
En caso de ser hallado culpable, el empresario podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración, además de sanciones adicionales por los delitos asociados a exportación ilícita y contrabando.
El caso forma parte de una investigación más amplia del Departamento de Justicia estadounidense sobre redes internacionales presuntamente utilizadas para evadir sanciones impuestas a PDVSA, en el marco de la política de presión económica de Washington sobre el gobierno venezolano.
Con información de Efe.
